Diego Fierro Rodríguez. Abogado no ejerciente.
Todo puede empezar a indicar que, próximamente, habrá un nuevo Gobierno liderado por el PP, que necesitará la abstención del grupo parlamentario en el PSOE en el Congreso, aunque todavía no se han concretado las posiciones definitivas. Los líderes de Unidos Podemos, por lo que pudiera pasar si Mariano Rajoy volviera a ser presidente del Gobierno pleno de funciones, ya se están planteando distintas posibilidades para evitar su pérdida de influencia mediática, reforzando, de esa manera, su imagen pública. Entre las opciones, se encuentra la convocatoria de una huelga general con objetivos políticos.
El artículo 28 de la Constitución Española indica que “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”. En relación con este precepto, debe tenerse presente el artículo 11 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, que dice que la huelga es ilegal cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.
La huelga puede llegar a ser un instrumento jurídico muy útil y contundente, pero solo debe utilizarse para que los trabajadores luchen por sus derechos económicos y sociales. Es lógico, pues, en otro caso, existiría un grave riesgo de desnaturalización de la huelga, que debe estar alejada de un posible aprovechamiento político.
No hay que permitir que haya uno o varios partidos que se apropien de la defensa de los trabajadores, ya que, en muchas ocasiones, existe el riesgo de que puedan terminar estando desamparados por atribuciones de su defensa para atraer votos, de modo que no hay formación política que busque verdaderamente protegerles. Ciertamente, todos los partidos deberían proteger a todos los ciudadanos, principalmente a los que son trabajadores, conforme al artículo 9.2 de la Constitución Española, que indica que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de loa grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Debe destacarse, además, que son los trabajadores los que sostienen la demanda en los mercados de consumo, el sistema de la Seguridad Social con sus cotizaciones y la prestación de servicios públicos por las cuotas que pagan por los impuestos.
Si Unidos Podemos quiere evitar una marginación parlamentaria absoluta, deberá luchar políticamente con fiereza, pero en el Congreso, dónde se adoptan decisiones especialmente relevantes para los ciudadanos. Montar manifestaciones en la calle es algo espectacularmente mediático, pero, en el largo plazo, su eficacia es relativa, por lo fácil que resulta olvidar, convenientemente, que es lo que ha acontecido con anterioridad en el momento de selección de posiciones.