Luis Bru
Entre los años 2008 y 2010 se hizo general la consigna de que “los inmigrantes nos van a pagar las pensiones”. Los datos indican que se trataba de una gran mentira: las pensiones están en serio peligro y su hucha tiene fecha de caducidad: diciembre de 2017.
Lejos de pagar las pensiones, la inmigración masiva y subvencionada ha acelerado el deterioro del Estado de bienestar. España tiene ahora 6,7 millones de población extranjera, de los que 1 millón ha recibido la nacionalidad. En una nación con más de 4 millones de parados, es obvio que no se trata de una inmigración económica: personal no cualificado, del que una buena parte vive de las ayudas sociales, donde incluso han alcanzado prioridad respecto a los nacionales.
Una población joven que es consumidora de servicios públicos sanitarios y escolares de elevado coste y que transfiere divisas a sus países de origen y que incluso, en ocasiones, de manera fraudulenta ha estado cobrando ayudas sociales españolas viviendo fuera de España.