Ramiro Grau Morancho. Abogado.
Hace un par de años, sobre 2014, creo recordar, impugné las “cesantías” o prestaciones económicas extraordinarias que nuestros diputados autonómicos, 67 nada menos, se auto concedieron, para cuándo cesaran en el cargo. Como la mayoría de ellos no tienen oficio ni beneficio, pues casi todos serán beneficiarios de esa ayuda que tan “generosamente” se concedieron, con cargo a nuestro dinero, faltaría más. Y, obviamente, no van a tirar piedras contra su propio tejado…Por supuesto con el mayor secretismo, sin publicación en boletín oficial alguno, para que se enteraran los “paganos”, es decir, nosotros, lo menos posible…
Tramitado el pleito, con el consiguiente gasto de dinero y tiempo, la Sala se despachó con una sentencia diciendo en síntesis que “yo no era nadie” para impugnar ese acuerdo… La historia está contada en mi artículo “Soy súbdito pero quiero ser ciudadano (a propósito de las Cortes de Aragón”), por lo que omito ser más cansino con el tema. Al que le interese puede leerlo, simplemente poniendo el título en internet.
Pues bien, a lo que íbamos, sobre esa fecha, más o menos, se publicaron comentarios en la prensa en el sentido de que don Marcelino Iglesias Ricou, ex presidente de Aragón “disfrutaba” de un coche oficial, con chófer y escolta, pagado con el dinero de nuestros impuestos, faltaría más, pues los socialista es lo que tienen, que son muy socialistos.
Y después de llevar más de 20 años viajando en coche oficial, con chófer y escoltas, 8 como presidente de la diputación provincial de Huesca, y 12 como presidente del gobierno de Aragón, no se iba a poner, a estas alturas, a conducir su propio vehículo, como un mindungi cualquiera y, lo que es peor, pagando el seguro obligatorio, la gasolina o gasoil, las reparaciones de taller, etc.
Presenté un escrito a la Diputación General de Aragón, pomposamente llamada el Gobierno de Aragón, y, por supuesto, no hicieron caso alguno… Pasados los tres meses de rigor, anuncié un recurso contencioso-administrativo sobre el asunto, haciendo constar expresamente que desconocía si lo que se había publicado en la prensa era cierto o no, pues muchas veces lo que se publica es similar al argumento de las novelas: cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Tras diversos avatares procesales, que me han supuesto una dedicación en tiempo y dinero, formalicé la demanda correspondiente, sin que nadie, ni siquiera el Letrado de la DGA que defendía a la indefendible Institución (por lo menos en este asunto), opusiera grandes tachas a la demanda, que seguramente como simple ciudadano y contribuyente también suscribiría, a título personal… (Es un suponer).
Contestación a la demanda que formularon dentro del día de “gracia” que concede la legislación vigente, después de haberse dado por caducado el plazo de contestación a la misma. No sé si es que nadie quería firmar este pleito, o que la persona que finalmente lo hizo estaba demasiado ocupada, o por las razones que fueren, acostumbrada como está la administración a pensar que los plazos son para los administrados, pero no para ella misma.
Es decir, que la Sala actúa en defensa de la DGA como gato panza arriba, basándose en un formalismo procesal, en lugar de entrar al fondo del asunto, lo que evidentemente no han querido hacer, o requerirme expresamente, concediéndome un plazo para ampliar la demanda a la impugnación del coche oficial, con chófer y escolta, que pagamos entre todos nosotros…
Pero claro, no se trataba de llegar al fondo del asunto, sino de jugar al tenis, devolviendo la pelota. En otras palabras, querían lavarse las manos como Pilatos, y eso es precisamente lo que han hecho, diciendo que como yo había anunciado un recurso contra la desestimación, por silencio administrativo, de la petición de información sobre el asunto, pero que posteriormente había impugnado la concesión, gratis et amore, de los citados servicios a los ex presidentes de Aragón (de forma que la señora Rudí en realidad se auto concedía a sí misma, en diferido, siguiendo la novedosa doctrina “jurídica” de la señora Cospedal), un coche oficial, con chófer y escolta, plaza que además podía proveerse con empleados laborales fijos de la DGA, o con personal eventual, nombrado a dedo por el beneficiario del privilegio, y por lo tanto aumentando el gasto público… ¡Pero que más da, si nuestra deuda pública no la van a poder pagar ni nuestros nietos!
La resolución es impoluta, jurídicamente hablando (Sentencia 405/2016, Sala de lo Contencioso-Administrativo del TJS-Aragón, Sección Primera, Ponente don Jesús María Arias Juana), y aunque puede ser recurrida en casación, en el supuesto de que la Sala del Tribunal Supremo admitiera el recurso, pues cada día los criterios son más restrictivos, no me voy a molestar en hacerlo, entre otras razones porque si desestiman el recurso te suelen condenar en costas, que normalmente valoran en 4.000 euros…, amén de los derechos de un procurador en Madrid, que tampoco son moco de pavo.
También podría empezar de nuevo, incoando un nuevo pleito, con el gasto consiguiente de tiempo y dinero, para que dentro de dos ó tres años, la Sala me dijera que “no está acreditada mi legitimación”, pues yo soy un particular, es decir, nadie, y que carezco de legitimación, o cualquier otra argucia procesal. (Dicen que los buenos abogados ganan los juicios no por tener razón, en el fondo del asunto, sino acudiendo a tretas y argumentos procesales, y posiblemente es verdad).
Lo único que voy a hacer es poner a disposición de la sociedad civil aragonesa mi expediente sobre el asunto, gratis et amore, para que quien quiera pueda impugnarlo…, en la seguridad de que nadie lo va a hacer, pues los aragoneses somos ganado ovino, con abundancia de caprino, más bien del género de los cabrones, pero con escasísimas personas capaces de navegar contracorriente…Y sociedad civil realmente no tenemos, pues aquí cualquier asociación u “organización no gubernamental” que se crea, lo primero que hace es pedir una subvención para poder funcionar. ¡Y si no se tiene la independencia económica, es francamente difícil, por no decir imposible, poder actuar con libertad!
En fin, “justicia a la española”.
Siempre había pensado, sin tener realmente datos para ello, sino más bien como una intuición, que en España no existía una verdadera y auténtica separación de poderes, pero cada día que pasa me reafirmo más en esa convicción…
La Sala, eso sí, ha tenido el detalle de no condenarme en costas, pues dicen que como la DGA no contestó a mi petición, no me quedó más remedio que acudir a los tribunales. Utilizando un símil taurino, diríamos que me han clavado los rejones, pero no me han dado la puntilla (y que me perdonen los taurinos si me equivoco en la terminología, que no soy del gremio).