Josep Sansano
Sube el reto al Estado, haciendo caso omiso al Tribunal Constitucional, como avisaron que harían. Los separatistas llevan la iniciativa sin que se adopten las medidas necesarias para frenar la secesión.
El Parlamento autonómico catalán, con notoria ruptura del marco legal, ha aprobado mociones que prevén celebrar un referéndum de independencia en una fecha no superior a septiembre de 2017, convocar ‘elecciones constituyentes’ en un plazo no superior a seis meses tras ese referéndum, escoger un Consejo Asesor del Proceso Constituyente en el plazo de dos meses, crear una comisión de seguimiento del Proceso Constituyente en el Parlament antes de fin de año, tener lista la Ley de Transitoriedad Jurídica (el nudo gordiano en torno al cual quieren dotar de legalidad la ruptura con España) antes del 31 de diciembre y contemplar una partida dentro de los Presupuestos de 2017 para la campaña de las elecciones ‘constituyentes’. La resolución más polémica (que fija la fecha del referéndum) contó con los votos de JxS y la CUP. Votó en contra Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) y los demás grupos no votaron.