Enrique de Diego
Nunca la destrucción de una sociedad, con el exterminio diseñado de su población, se había conseguido que fuera financiada por las víctimas, como es el proceso que está marcha, y contra el que cada vez hay más resistencia en las naciones europeas y se ha iniciado en España a través de Rambla Libre.
Uno de los instrumentos para esa ingeniería social de sustitución y exterminio son las ONGs y la trama mafiosa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Las ONGs difunde de continuo los dogmas desarmadores y degradantes de la corrección política; evacúan informes sin contrastar que son difundidos por los medios de comunicación adictos. Cobran sustanciosas subvenciones, con las que sus directivos se enriquecen al tiempo que se presentan como humanitarios, cuando son peones de un proyecto destructivo de ingeniería social.
Toda una trama de sociedades de autobombo en el que la corrección política se retroalimenta y se impone como discurso hegemónico, como falso sentido común.
El centro de esta trama mafiosa y destructiva está en la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo: ahí está el cruce de todos los caminos de esta corrupción moral, del pacto mefistofélico y depredador entre el poder político y las ONGs.
Tres mil empleados con buenos sueldos provenientes de las ONGs: una mafia
En la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo están instalados como parásitos 3.000 empleados que cobran entre 7.000 y 15.000 euros mensuales, y todos ellos provienen de ONGs, fundamentalmente adictas a la corrección política, pues el requisito es “tener experiencia en cooperación”, algo que sólo se consigue o través de prácticas en ONG o de un certificado de una de ellas.
Esos 3.000 parásitos tienen por el mundo oficinas independientes, al margen de las embajadas, y organizan cursos, financian proyectos, muchas veces delirantes o ridículos pero que justifican su modus vivendi y, al tiempo, difunden propaganda corrosiva.
No son funcionarios. No han pasado por ningún concurso de méritos. No han hecho ninguna oposición. Pero sus contratos son indefinidos y dependen de la capacidad de presión de las ONGs, a las que el Gobierno quiere mantener contentas.