Luis Bru
RTVE muestra que estamos viviendo una dictadura virtual, una autocracia, en la que el Gobierno no da explicaciones en el Parlamento, y por tanto no hay control, y en donde manda, como en RTVE, lo hace como si tuviera mayoría absoluta.
La RTVE del PP, con José Antonio Sánchez, no sólo es sectaria hasta el hastío, y la caída de las audiencias, no sólo es de una prepotencia estomagante, además es completamente opaca.
Según cuenta Voz Pópuli, la Corporación RTVE está siendo una de las instituciones públicas que con más fiereza se está enfrentando a la ley de Transparencia que obliga a las entidades públicas a facilitar información de carácter público y relevante. Tanto que acumula ante los tribunales 4 procesos contencioso-administrativos abiertos por el Consejo de Transparencia, que previsiblemente se convertirán en 5 ante una nueva petición denegada.
La televisón pública ha negado informaciones de todo tipo, todas ellas solicitadas por ciudadanos. Algunas de ellas son más inocentes y otras con más enjundia. A todas ha dicho que no.
– Tal y como informó Voz Pópuli, la corporación ha negado dar a conocer los gastos del Festival de Eurovisión 2015. En mayo, un tribunal que con arreglo a la ley, TVE tiene que dar la información, pero esto ha sido de nuevo recurrido por la corporación en instancias judiciales superiores. Se le han solicitado los gastos de Eurovisión 2016, que previsiblemente pueden hacer un recorrido judicial similar.
– Otro de los casos llamativos ha sido la negativa de la corporación pública a facilitar la copia del contrato entre RTVE y la productora Video Mercury Films, además del listado de películas adquiridas y los informes que recomendaron realizar esa operación y su futura rentabilidad. Esta productora es propiedad de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y poderoso empresario cinematográfico, además de amigo de José Antonio Sánchez, presidente de RTVE.
– El tercero de los casos, recurrido por el antiguo ente, es contra la resolución relativa al coste de los canales de televisión. En mayo, el contencioso administrativo número 9 de Madrid falló que la empresa pública no tenía la obligación de decir cuánto costaban por separado cada uno de sus 6 canales. El argumento es que para enviar esa información «se exigía una labor previa de reelaboración, recopilación y agregación para poder dar el coste de los canales y podría perjudicar los intereses comerciales de la corporación».
Una juez ya ha defendido la opción de TVE de no tener que buscar información que le soliciten
El Consejo de Transparencia, que es el organismo encargado de litigar con las distintas instituciones públicas que rechazan dar información, había negado que hubiera que reelaborar nada, puesto que «la información solicitada está a disposición» de RTVE, «quien además cuenta con los medios personales y materiales para obtenerla». Pero la juez cree que «reelaborar significa volver a elaborar algo y en el presente caso, para poder suministrar la información solicitada hay que elaborar una contabilidad que no existe para cada uno de los canales». Por tanto, esta juez considera que la ley de Transparencia, aunque reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, sólo vale para «la información que ya existe y está ya disponible», y no contempla el caso de que la administración «produzca información que antes no tenía». El caso está recurrido en el Supremo, que si ratificara a la juez podría dar al traste con buena parte del armazón de la ley de transparencia, ya que ante cualquier solicitud de información pública, suele ser preciso un proceso de búsqueda y recopilación de información dado que raras veces la información se encuentra disponible sin apenas tratar de encontrarla y en cualquier caso siempre podría alegarse que no está disponible la información.
– Por último, el último caso que atañe a RTVE en los contencioso administrativos es el de la petición de acceso a las cuentas anuales y al informe de auditoría de cuentas de la corporación. Una información pública que sí facilitan otros organismos estatales.