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El derecho de Defensa en España es una farsa: el caso de Elche

Redacción




Josep Sansano

La propuesta de Ciudadanos, que fue aceptada por el PP, de que doce de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por jueces y magistrados es la constatación de que la casta es consciente de que algo anda muy mal en la Justicia española y que cosecha el más completo descrédito: es la institución peor valorada en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas

Pero ¿a quién van a elegir jueces y fiscales que se han ido corrompiendo moralmente en un sistema de concentración de poderes, favores políticos, amiguismos y doble moral? ¿Por qué los corruptos se han sentido impunes? ¡Porque lo han sido! Porque la Justicia se ha dedicado a ser fuerte con los débiles y débil, sumisa y lacaya con los fuertes. ¿O es que no hemos visto sistemáticamente como la fiscalía, dependiente del Gobierno, ha salido casi siempre a favor de los corruptos? ¿A favor de quién está en el caso Noòs? ¿No ha recurrido la fiscalía a favor del PP en el caso de la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas? ¿Por qué se cerró en su día Gürtel?

Pero es que las cosas están mucho peor. Algo tan básico y fundamental como el derecho de defensa se ha convertido en una farsa, que en el caso de los Juzgados de Elche -con el consentimiento del Colegio de Abogados, por llamarles de alguna forma, cuya decana debería tomar cartas en el asunto para no parecer ser un florero- ha adquirido niveles carnavalescos, con abogados de oficio que han quedado para hacer negocios y tienen prisa, con abogadas que no han leído los sumarios, con abogados y abogadas que no pasarían un control de alcoholemia y, sobre todo, con la inmensa mayoría sumándose de continuo a las tesis de los fiscales, no llevándoles la contraria, no defendiendo a sus supuestos clientes, víctimas propiciatorias del chalaneo. Así lo proclama Francisco Niñoles: “yo, lo que diga el fiscal”.

Cuando uno no defiende no es abogado, es otra cosa. Cierto que puede haber afectado en esta degradación el hecho de que la Generalitat, con el PP, tuviera los baremos congelados desde 2003, con retrasos en los pagos superiores al año, y que cuando procedió a la actualización de los baremos lo hiciera con reducciones del 60% en las prácticas forenses más habituales. Y cierto que la Generalitat del tripartito tuvo la decencia de ponerse al día en los pagos –nueve meses de golpe- y actualizar con el 10% los baremos.

Pero no hay excusa para que caer en el turno de oficio sea como tener un tío en Alcalá, que ni tienes tío ni tienes ná. Porque el derecho de defensa es básico en una sociedad civilizada y, en Elche, en la práctica, está manga por hombro. Mejor sería ahorrarse el turno de oficio y que los fiscales campen a sus anchas, jerárquicamente dependientes de un Gobierno y de un partido, que son una mafia de corruptos, como es notorio y cada día hay más evidencias.

Sin derecho de defensa no hay ni el más mínimo atisbo de Justicia. Y en Elche ese derecho de defensa, según numerosas fuentes y numerosas víctimas, es una farsa que produce arcadas morales.