Miguel Sempere
Un despacho de abogados, con el que ha contactado Rambla Libre, está acumulando documentación para llevar la financiación de Ciudadanos a los tribunales. “Hay casos en toda España y una de las cuestiones en estudio es cuál es la instancia competente, que probablemente sea el Tribunal Supremo”, apuntan a RL.
Ciudadanos exigió la entrega al partido del dinero de las asignaciones de los grupos en los ayuntamientos, que tenían que ser enviado a una cuenta controlada por José Manuel Villegas, secretario general, y por Carlos Cuadrado, secretario de Finanzas. Posteriormente, y para cubrir las apariencias, se elaboraron unos contratos de contraprestación de servicios.
Pero esa forma de actuar ha generado una bola que se ha ido agrandando y liando. Uno de los problemas ha sido el surgimiento de conflictos con expulsiones de ediles que ahora reclaman que el dinero sea devuelto al Ayuntamiento. Uno de los casos detectados por RL es el edil José Antonio Moreno, de Vélez-Málaga, que fue expulsado del partido a raíz de dar positivo en un control de alcoholemia; concretamente, 0,90, el triple de lo permitido, por lo que fue condenado a 4 meses de multa por 12 euros día y la retirada del carnet durante 8 meses y 2 días. Moreno consideró que se trataba de un hecho referido a su vida privada y mantuvo el acta. Ahora ha planteado que se le informe del uso dado al dinero y se le remitan los restos no usados.
En muchos lugares, la financiación ha sido completamente un caos, como consecuencia del funcionamiento de franquicia que adoptó Ciudadanos. De esa forma, en Murcia se dan todo tipo de casos, como el pago adelantado de actos de campaña y alquileres de locales por candidatos, que luego han solicitado que sean pagados por el partido.
Las fuentes informantes indican que “a lo mejor hay que ampliar la Comisión de Investigación sobre financiación irregular del PP para incluir la de Ciudadanos”.