Miguel Sempere
En las elecciones del 20D la presencia del debate sobre la corrupción fue relevante y tuvo su momento estelar en el calificativo de indecente espetado por Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en el debate a dos. Sin embargo, en la campaña del 26J prácticamente desapareció.
La Justicia suele tender a no interferir en las campañas electorales lo que beneficia a los corruptos con continuos retrasos en los sumarios. La excepcionalidad de los tiempos actuales –pareja al tedio de la repetición de los argumentos manidos- hace que el PP tenga por delante un calvario judicial, que pondrá de nuevo el foco sobre la corrupción.
El 8 de septiembre, Rodrigo Rato declarará en Plaza Castilla ante el magistrado Antonio Serrano-Arnal por la contratación de su excuñado Santiago Alarcón. El 23 de septiembre, se inicia el juicio por las tarjetas black. El 4 de octubre, se inicia el macrojuicio sobre la primera época de Gürtel (1999-2005), en el que están imputados todos los tesoreros de la historia del PP: Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y en el que también se sentará en el banquillo de los acusados Ana Mato.
Además, tienen que verse los recursos del PP y de la fiscalía contra la decisión de Rosa María Freire, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que imputó al PP como persona jurídica en la destrucción “a conciencia” en la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, y a Carmen Navarro, jefa de los servicios jurídicos.
Pueden estallar sorpresas desagradables como la imputación de la senadora Rita Barberá, como pide la fiscalía, y que tiene que dirimir la Sala Segunda del Tribunal Suprema o la reactivación de Brugal, paralizado por recursos en la Audiencia Provincial de Alicante.