Extracto del capítulo «La sociedad dual» del libro «Privatizar las mentes«, de Enrique de Diego, publicado en 1996.
El equilibrio de Gary Becker parece cada día más imposible. Ese supuesto equilibrio contempla medidas como la congelación de los salarios de los funcionarios y la congelación de plantillas. Pero va a conllevar inevitablemente nuevos enfrentamientos. Es previsible esperar una ruptura de la mentalidad corporativa que si no alcanzará las dimensiones de un sálvese quien pueda sí establecerá tensiones entre los funcionarios con antigüedad que se creen víctimas del desprestigio de la inflación burocrática y cuyas retribuciones ven mermar su poder adquisitivo ante la necesidad de repartir la “masa salarial” entre un número excesivo de ellos. El principio de estabilidad en el empleo de los funcionarios está ya en cuestión en muchos países y se han ido introduciendo fórmulas que preparan el terreno para una reconversión funcionarial y para una reducción del Estado. Momentáneamente se han establecido criterios de movilidad geográfica y una mayor flexibilidad en los expedientes como puerta trasera para la inevitable expulsión de funcionarios de su puesto laboral.
De la media España que mantiene a la otra media una parte creciente se saldrá del sistema legal si no se produce una reforma en profundidad que evite el establecimiento de la dualidad de manera permanente. La economía sumergida no cotiza a la Seguridad Social. Si se presiona más a la economía legal lo único que se conseguirá será señalar el camino más rápido para la inmersión. Por tanto, nuevas dificultades recaudatorias. Si el Estado rompe su hipocresía y afronta la persecución de la economía sumergida obviamente ello no significará un aumento de la economía legal sino un mayor gasto público, tanto por la necesidad de mayores esfuerzos dedicados a la inspección de Hacienda como por el deterioro de la economía y del trabajo precario que pasará a ser directamente paro. El problema más grave para los intervencionistas es que cualquiera de las medidas que se adopten produce efectos perversos y normalmente los contrarios de los previstos por los socialdemócratas.
Por ejemplo, una de las tesis más recientes del socialismo moderado ha sido la de introducir criterios privados en las empresas públicas. Los socialistas señalaron dialécticamente que tan a priori y tan ideológico era decir que por principio las empresas privadas son eficaces como señalar que por principio las empresas estatales son ineficaces. Todos conocemos empresas privadas ineficaces que suelen terminar en el cierre. El principio de eficacia privada llevada a la Administración y a las empresas públicas no ha producido los efectos deseados. La eficacia de la empresa privada se basa en la competencia, no sólo en su propia eficacia sino en la de sus competidores. El empresario ajusta costes porque arriesga su propio bienestar. Esta situación no se da ni en trabajadores ni en gestores de la empresa pública que, en último término, están al margen de la competencia porque sus pérdidas no implican el cierre o la reconversión sino que asumen por los presupuestos públicos. En una empresa pública puede haber mayores o menores niveles de incompetencia no por las personas sino por los principios con los que se funciona. Así, por ejemplo, los trabajadores de una empresa pública, y máxime si es de un sector monopolístico o de importancia para la nación como Renfe, no tendrán inconveniente en pedir incrementos desmesurados de salario y protagonizar huelgas salvajes porque el último empresario real es el Estado. La “eficacia privada” en las empresas públicas ha conducido a fórmulas similares a la empresa privada solamente en el tipo de contratos a los ejecutivos. Primero, más altas retribuciones para evitar una selección a la baja respecto al sector privado, y altas indemnizaciones en caso de despido para blindarse ante los vaivenes de la política. La selección comporta un componente político y este aumento de retribuciones y blindajes sólo ha conducido a incrementos en las pérdidas de las empresas públicas. Las medidas ulteriores han ido en la línea de cortar estos contratos, que rayan en la corrupción, por cuanto algunos de los sueldos y de los blindajes han respondido a la misma mentalidad de los empleados en una huelga salvaje en una de esas empresas deficitarias: paga el contribuyente. En la misma línea, los incentivos en la Administración pública han llevado a crecientes acusaciones de amiguismo, y el intento de mejorar la Administración haciéndola más grande y con altos cargos mejor retribuidos y más asesorados ha aumentado el gasto público sin mejorar la atención al ciudadano.
La consecuencia no menor de esta serie de procesos descritos es el deterioro de la ley como norma de recto comportamiento y como regla objetiva. El intento del Estado de tratar desigualmente a los desiguales, principio sabio en las relaciones personales y familiares, ha llevado a un tipo de sociedad en la que los grupos organizados tienen mayor capacidad de presión sobre el Estado dicte leyes desiguales en su favor. El Estado de bienestar se caracteriza por la proliferación de lobbys que buscan obtener ventajas comparativas. Se produce así un principio redistribuidor en sentido negativo. El Estado no cuida a los marginados porque no están organizados, pero sí introduce a los sindicatos en los presupuestos porque tienen fuerza y votos. La ley pierde prestigio y además se hace insostenible para los que no pueden organizarse o para los que tienen menos fuerza en ese socialismo salvaje. He ahí otra línea para obligar a otras personas a acampar extramuros de la legalidad de forma completa o en facetas diversas de su vida.