Editorial
El apaciguamiento no sirve de nada con los separatistas. La cesión constante hiela el alma y hace empeorar los problemas. Evitándose conflictos en el presente se alimentan otros mucho mayores en el futuro.
El delito de sedición, tipificado en el Código Penal, es tolerado cada día por gobernantes débiles y traidores y por una Justicia servil y acomodada. Entrando de lleno en el terreno de la traición, el Gobierno se ha dedicado y se dedica a financiar el separatismo desviando ingentes cantidades del Fondo de Liquidez Autonómica, para evitar la quiebra de la Generalitat levantisca. Es como si Chamberlain hubiera llevado su apaciguamiento hasta el nivel de financiar a Adolf Hitler. ¿Qué se consigue? Que la situación se pudra y empeore con tanta debilidad. En la historia de la Humanidad es difícil de encontrar un nivel mayor de estupidez y de felonía. Otros alimentan aún más el conflicto con promesas de un referéndum imposible e ilegal.
El uso del Tribunal Constitucional –desprestigiado por su absoluta falta de independencia- para frenar la carrera de retos y patentes delitos es una dejación de funciones para evitar tomar la única decisión posible: suspender la autonomía catalana e intervenir la Generalitat. Y que paguen por sus delitos los dirigentes separatistas:
Artículo 155 de la Constitución: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
Por de pronto, es urgente sacar de las manos de los delincuentes de la Generalitat catalana la competencia de Orden Público y, por tanto, cualquier mando sobre los mossos d´squadra. Y las competencias de Educación y Sanidad, para asegurar tales servicios a los españoles de Cataluña.
Si la traición que los gobiernos de España llevan perpetrando durante cuatro décadas llegara, en algún momento, a su culminación, los soldados de España, del primero al último, no podrán soslayar su deber constitucional.
Artículo 8: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Los miembros de los tres Ejércitos han de cumplir con su deber y juramento defendiendo la integridad territorial, de los enemigos exteriores e interiores. Y la integridad territorial es un hecho objetivo, con delimitación perfectamente identificable. La integridad territorial no se discute, ni se somete a referéndum; se defiende con la vida y con las armas.
Si en ese supuesto, los tres Ejércitos, que han sido sometidos a una larga etapa de degradación, también fallaran, en una colectiva muestra de cobardía, no habrían sido más que mercenarios a los que habría que licenciar con deshonor. Todo el edificio institucional se vendría abajo y sería el fin de la nefasta dinastía Borbón.
La Patria es anterior a la Constitución, la precede y la hace posible. Hay Constitución porque hay Patria.
Rambla Libre no es constitucionalista, es patriótica.