Enrique de Diego
Cuando es el mismo PP el que está imputado, y ha tenido que pagar una fianza, el pacto anticorrupción entre ese partido y Ciudadanos se convierte en una broma macabra.
Restringir, por otra parte, el ámbito del pacto al Congreso de los Diputados es un ejercicio de hipocresía. Como hemos recordado en RL, el PP tiene como canciller en la embajada del Congo, al imputado José Manuel Molina, exalcalde de Toledo. Y como embajador en Londres a Federico Trillo, que debería dar muchas explicaciones de sus cobros en negro, reflejados en la lista de Luis Bárcenas, relacionados, como ha desvelado Yrene Calais, con sus labores poco claras en la Administración de Justicia, que llevaron al carpetazo de Gürtel, que ahora abre juicio en octubre con la presencia estelar de los exsecretarios generales.
Brugal –al que apunta el PSOE en su petición de comisión- duerme el sueño de los sumarios de corrupción en la Audiencia Provincial de Elche, bajo la protección de magistrado a la búsqueda de ascenso. ¿No hay responsabilidades políticas ni in vigilanco ni in eligendo? Ahí está el caso Acuamed que señala tanto a Miguel Arias Cañete como a Soraya Saénz de Santamaría. O el caso Bankia, con el superprotegido Rodrigo Rato, o las tarjetas black. Están en la calle todos cuantos saquearon las Cajas, que o son políticos o fueron nombrados por los políticos, sobre los que no ha habido ninguna Comisión de Investigación, porque todos están implicados, el PP, el PSOE e Izquierda Unida.
Incluso así, el PP ha llevado en sus listas a un imputado, Óscar Clavell, procesado por prevaricación y fraude durante su etapa como teniente de alcalde de Vall d’Uxó (Castellón), el número dos de Isabel Boning, la presidenta de la Gestora del PP en la Comunidad Valenciana, y Ciudadanos –la nueva política se parece mucho a la vieja- ha empezado con las argucias semánticas. Según el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, «la mala praxis no es un corrupción política. No es lo mismo meter la pata que meter la mano en la caja, algo que también debe ser reprochado pero que queda fuera del pacto anticorrupción».