El PP en Valencia cobraba comisiones también por los sobrecostes

Josep Sansano

El Partido Popular en Valencia tenía, como mafia, un recaudador oficial de mordidas, Marcos Benavent. La trama, todo el partido, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, cobraban comisiones por la concesión de la obra y también por los sobrecostes, los “reformados”.

El esquema del funcionamiento era:

1. Se concertaba con la empresa la concesión a cambio de una mordida, que se repartía entre el partido, el recaudador y la concejala o el diputado.
2. La empresa se presentaba a concurso con una oferta a la baja, de forma que no producía escándalo la concesión y podía ser presentada ante los medios como un concurso limpio.
3. Las obras entraban en sobrecostes, que eran autorizados, por lo que se cobraba una nueva comisión sobre márgenes, que era de nuevo repartida.

Así, el IES Nuevo Mediterráneo número 4 de Torrevieja se licitó por 7,3 millones de euros, se adjudicó a Cleop –una de las empresas implicadas en la trama- por 6,1 millones de euros y se elevó, al final, a 9,1 millones, un incremento del 48%.

La limpieza de las fachas de la Lonja se adjudicó en 2003 a la empresa Estudios Métodos de la Restauración SL por 1.027.674,64 euros, pero en 2005 se aprobó un modificado de 448.056,64.

Las obras de conservación y restauración de los puentes históricos de Serrano y de la Trinidad fueron adjudicadas en 2007 a la empresa Estudios Métodos de la Restauración por 2.357.951,98 euros y se modificó en 2010 con un sobrecoste de 320.271,80 euros.

La trama del PP también tenía empresas que emitían facturas falsas, Cleop, Luján y Meydis, a Imelsa (Impulso Económico y Local SA, empresa pública de la Diputación de Valencia).

Según el juez Víctor Gómez, titular del Juzgado de Instrucción número 18, aunque «es difícil evaluar en este momento el perjuicio económico«, la cantidad detraída por los imputados la exconcejal de Cultura de Rita Barberá, María José Alcón, Vicente Burgos, que dirigía la fundación Jaume II el Just, el recaudador Marcos Benavent y el asesor municipal, Pedro Aracil, se sitúa entre los 10 y los 20 millones de euros.