Editorial
Quienes se autodenominan “constitucionalistas” tienen el inconveniente de que la Constitución de 1978 es en sí un directo ataque a la unidad de España, un factor de destrucción masiva de la integridad territorial, una devastadora fuerza centrífuga en el Título VIII de la Constitución y en el demoledor artículo 150.2.
Frente a la hagiografía al uso, sostenida machaconamente durante cuatro décadas, Juan Carlos de Borbón y Adolfo Suárez merecen ser tenidos por dos de los personajes más nefastos de la historia de España.
Diecisiete miniestados que incrementan exponencialmente el número de politicos
De manera, irresponsable, sin medir las consecuencias, se pusieron en marcha diecisiete miniestados, copias del Estado llamado central, incrementando exponencialmente el número de los políticos viviendo del contribuyente. España pasó a tener una inflación legislativa, con diecisiete cámaras, más las dos nacionales, evacuando leyes, rompiendo, de paso, la igualdad de todos los españoles ante la Ley, porque en cada autonomía rige una distinta. La primera evidencia es que se trata de una estructura que nunca economía puede sostener, y que es una de las causas del endeudamiento progresivo de la nación, que roza el 100% del PIB: España ya debe todo lo que va a producir en el año. España no tendría ningún problema económico si no tuviera autonomías.
El déficit de las autonomías es el gran problema de la economía española. En 2015, Cataluña fue la que incrementó más su déficit, en 5.532 millones, seguida de Madrid, con 2.774 millones. En conjunto, el déficit de las autonomías representó el 1,66% del PIB, con 17.962 millones.
Además, por un sentido fácilmente inteligible, si se generan instituciones en paralelo tenderán a competir para dotarse del mayor número de competencias de la otra, hasta eliminarla de su territorio. De esa forma, la institución en cuestión puede expandirse más y aumentar su botín electoral, para colocar a más gente afín. Se generaron diecisiete parlamentos, que no han hecho más que aumentar su burocracia adyacente. Y algunos de esos parlamentos, como el catalán, han entrado en un proceso de secesión, que, curiosamente, es financiado desde el Estado mediante aportaciones constantes del Fondo de Liquidez Autonómica. Da la impresión que al Gobierno le interesa mantener una situación de tensión con la Generalitat, en vez de imponer el imperio de la Ley, pues la secesión es delito tipificado en el Código Penal.
Barra libre con el artículo 150.2 de la Constitución
La Constitución no puso ningún límite a las autonomías, pues el artículo 150.2 abre la vía a cualquier transferencia de cualquier competencia. El único límite es el artículo 155 que no se ha desarrollado y que establece el concepto genérico de deslealtad.
A la hiperinflación de políticos provocada por las autonomías, se ha superpuesto la estructura provincial de las diputaciones, que también han desplegado una voracidad en incrementar sus plantillas, mediante miembros de los partidos y familiares de los dirigentes.
Todo este esquema, demencial y absurdo desde el principio, perpetrado por frívolos, está llegando a sus últimas contradicciones. Sólo se sostiene por la gran cantidad de intereses creados y por la falta de vías legales para una auténtica regeneración del modelo político que está afectando de manera destructiva al modelo territorial.
Cuando puede haber en el futuro serios problemas para atender a compromisos tan fundamentales como las pensiones, va a ser difícil de explicar que se mantengan diecisiete miniestados, como ineficientes unidades de gasto.