Josep Sansano
Lo más llamativo en España no es que la corrupción esté generalizada, sino que ha sido y sigue siendo impune. Esteban González -del que Francisco Correa decía telefónicamente: “lo desbloqueo yo (un negocio inmobiliario en La Nucía) con una llamada al hijo de puta de González Pons”- puso en marcha, en diciembre de 2005, una estrategia corrupta para consolidar el poder del PP en la Comunidad Valenciana para los restos o eso creía él.
Se trataba de montar una televisión privada que, junto con Canal 9, edificara un férreo monopolio televisivo. Se sacaron a concurso 42 licencias de TDT en 14 demarcaciones. Para elaborar el pliego de condiciones, se contó con el asesoramiento de Alberto Dorrego, jefe del bufete de José María Michavila, y uno de los personajes del PP que aparecen comprando acciones de Libertad Digital con dinero de la caja B del partido.
A pesar de que ese pliego, como retórica, indicaba que se primaría a empresarios locales, Esteban González Pons buscó al empresario clave en la trama Gürtel, José Luis Ulibarri, de Ponferrada, quien desembarcó en la Comunidad Valenciana en el terreno mediático con Mediamed Comunicación Digital, y en el de las licitaciones públicas de construcciones, mantenimiento y limpieza con Begar.
Tal y como informa Vozpópuli, en junio de 2009, Begar se declaró en concurso de acreedores como maniobra para tratar de evitar morir de asfixia. Lo abandonó en 2011 tras pactar el pago del 45% de la deuda, sin intereses, en un plazo de cinco años para aquellos acreedores calificados como ordinarios. Siete años después, la heredera de este grupo, Elodea S.A., ha solicitado el concurso con unos activos de 34,8 millones de euros y unas deudas de 189,6.
Ganando concursos y haciendo lucrativos negocios con la Generalitat
En la Comunidad Valenciana, empezó a ganar concursos -¿cómo una forma en paralelo para financiar la TV?- como la construcción del hospital de Llíria, que la Conselleria de Sanidad adjudicó por 25 millones a una UTE en la que se integraba su empresa Begar Construcciones y Contratas. La firma Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia, presidida por Ulibarri, logró el contrato para limpiar los centros de la Agencia de Turismo los años 2007 y 2008 por casi 1,3 millones. Bienestar Social le adjudicó a Seralia en 2008 la limpieza de algunos centros de Valencia por medio millón de euros; y Justicia le encargó en 2007 la limpieza, desinfección y desratización de cuatro edificios del Prop en Valencia, Castelló y Requena por casi un millón.
Ulibarri también tuvo a la Conselleria de Infraestructuras entre sus clientes. Además del desdoblamiento en 2006 del colector norte del parque de Cabecera de Valencia, adjudicado a una UTE por más de 7 millones, Infraestructuras volvió a confiar en Begar este mandato. Infraestructuras encargó a Begar, también como parte de una unión de empresas, la «conservación, reparación y adecuación de las carreteras de Castelló norte». El importe de la adjudicación superó los 15 millones. Y en Valencia, Begar -en unión con Bertolín- recibió en 2007 la construcción y gestión del aparcamiento de Eugenia Viñes y el depósito de tormentas del Cabanyal, por unos 12,6 millones.
No sólo en la Comunidad Valenciana, Ulibarri recibió entre 2004 y 2008 contratos por valor de 33 millones de euros por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre; y, en 2015, con su relación con Gürtel ya aireada, una concesión de 34 millones de euros para la gestión de una residencia de ancianos de Toledo, con María Dolores de Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha.
Radiotelevisión de Castilla y León, de la que es copropietario al 50%, una extraña fórmula de gestión privada funcionando con dinero público, ha recibido desde 2010 un total de 126 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León, que mantiene este medio de comunicación a través de un contrato-programa que le otorga su Consejería de Fomento.
Tele 7: la gran operación mediática de Gürtel
La operación de Mediamed puede ser considerada una de las más importantes de la trama Gürtel, y el autor intelectual y material fue Esteban González Pons, entonces Consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación del gobierno de Francisco Camps. El concurso de concesión de licencias estuvo amañado y predeterminado desde el principio. Como denunció Alejandro Rodríguez, presidente de la Federación Valenciana de TV, “Ulibarri ya sabía que le iban a adjudicar 13 licencias porque me lo dijo a mí” e “iba diciendo que quien no le vendiera a él la emisora de televisión se iba a quedar sin concesión”. El concurso, según Alejandro Rodríguez, fue “un desmadre de prebendas y adjudicaciones descaradas”.
En efecto, según fuentes solventes del sector, testigos directos, cuando se llamaba a la Generalitat el mensaje era que había que sumarse al proyecto de Ulibarri. La Comunidad Valenciana tenía un fuerte entramado de televisiones locales, surgidas de la sociedad civil, frecuentemente por la iniciativa de algún fotógrafo profesional, que de los vídeos de bodas, pasaba a montar un negocio familiar televisivo. Muchos de esos empresarios tuvieron que vender o valorar sus activos para integrarse en Mediamed, que iba a recibir la piñata de las concesiones. Como así fue, 13 licencias, 13 demarcaciones, que representaba cubrir todo el territorio de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, lo que, en cadena, era una televisión privada regional.
El abuso llegó hasta dejar sin concesión a TeleElx, la pionera, que fue quien llevó el concurso hasta los tribunales, hasta que el Tribunal Supremo lo consideró nulo. Con todo, el espíritu del proyecto González Pons continúa pues las licencias en cuestión de Medimed, en medio del vacío legal, son administradas por la exconcejal del PP de Almansa, Laura Rodríguez Doñate.
Medimed que iba a emitir bajo la marca Tele 7, nunca llegó a funcionar. En la operación corrupta entraban la Fundación Universitaria CEU San Pablo, con el entonces presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfredo Dagnino, y el periodista Antonio Martín Beaumont. El sueño de Esteban González Pons se resquebrajó como ahora se está viniendo abajo con estrépito el imperio de José Luis Ulibarri, edificado a fuerza de pelotazos con el PP. Pero Esteban González Pons sigue como eurodiputado y asomándose al balcón de Génova en las noches electorales.