Editorial
Las confesiones religiosas no son instituciones estatales, no forman parte del Estado y por tanto:
1.- No deben tener financiación pública alguna, ni a través de subvenciones.
2.- No deben recibir suelo público para la construcción de sus templos de los ayuntamientos.
3.- No deben tener privilegio alguno en el ámbito de la fiscalidad.
En suma: las confesiones religiosas deben ser financiadas por sus adeptos.
El sistema de financiación de la Iglesia Católica denominado de la crucecita debe ser abolido. Implica una mezcolanza confesional entre el Estado y la Iglesia. Por supuesto, conlleva abusos como la financiación de medios de comunicación partidarios, a favor del partido precisamente que mantiene ese sistema de financiación.
Es lamentable que supuestos laicos confesos muestren habitualmente niveles groseros de incoherencia. Recientemente, el Ayuntamiento de Las Palmas, compuesto por PSOE, Podemos y Nueva Canarias firman la cesión de terreno público para la construcción de una mezquita. Se trata de tres partidos que se proclaman laicos, pero que utilizan su laicismo como un sombrero, que se le ponen o se lo quitan, a conveniencia.