Miguel Sempere
En términos precisos, el Parlament de Cataluña ha declarado la independencia. La respuesta será retórica y de leguleyos, a través del Tribunal Constitucional, con requerimientos que ya se han dicho que no se van a atender. La única respuesta válida es la aplicación del artículo 155 de la Constitución que está previsto contra la deslealtad de una autonomía y no hay mayor deslealtad que la secesión, que es, además, delito contemplado en el Código Penal.
Lo que corresponde es la suspensión de la autonomía y la intervención de la Generalitat catalana. Mientras no se haga el problema se seguirá pudriendo. Frente a ello, el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, en reunión de Soraya Saénz de Santamaría y Cristóbal Montoro con el consejero de Economía, Oriol Junqueras, ha destinado 2.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica para evitar la quiebra de la institución secesionista. Lo lógico sería, lo contrario, dejarla quebrar.
Artículo 155: Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles el plan unilateral que fija la hoja de ruta para la desconexión unilateral de Cataluña. Así, en un nuevo desafío al Tribunal Constitucional, la cámara catalana ha votado a petición de JxSí y la CUP las conclusiones de la comisión de estudio que apostaban por impulsar este «proceso constituyente» en Cataluña.
El Tribunal Constitucional (TC) había advertido de que esta iniciativa vulnera la Constitución y había pedido a los diputados y miembros de la Mesa que impidieran la votación. Pero la iniciativa ha prosperado con el apoyo de JxSí y la CUP -72 votos- y ha contado con el voto en contra de SíQueEsPot -11 votos-, mientras que el resto de grupos no han participado en la votación: los diputados del PSC se han quedado en el hemiciclo y los de C’s y PP lo han abandonado.
Las conclusiones sobre el proceso constituyente no estaban previstas en el orden del día, pero el reglamento del Parlament permite incluir nuevos puntos si dos grupos o una quinta parte de los diputados así lo pide.
Los dos grupos independentistas habían solicitado la votación, ante lo que la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, preguntó explícitamente a los portavoces de JxSí, Jordi Turull, y de la CUP, Anna Gabriel, si eran «conscientes» de la petición del TC y si pese a ello seguían manteniendo su petición. Ambos respondieron ser conscientes del mandato del 27 de septiembre y de que hay una mayoría parlamentaria y democrática a favor de la independencia. Tras conocerse la noticia de la votación, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguraba que el Parlament está «perfectamente legitimado» para impulsar leyes y ha avanzado que votará «con mucho gusto» a favor de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.
El Gobierno del débil Rajoy responderá con retórica jurídica
Minutos después de la votación, el Gobierno central ha asegurado que el viernes decidirá un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del Parlamento de Cataluña. Tras la aprobación de esas conclusiones, la Comisión General de secretarios de Estado y de subsecretarios ha celebrado una reunión en la que ha estudiado elevar al Consejo de Ministros del próximo viernes un acuerdo por el que se autoriza a la Abogacía del Estado a presentar ante el TC ese incidente de ejecución.
Fuentes del Gobierno han informado de esa decisión y de que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se ha puesto en contacto con los líderes de otros partidos, entre ellos el socialista Pedro Sánchez, para informarles de la actuación del Gobierno.
También han condenado esta decisión política el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y Ciudadanos. Sánchez ha telefoneado al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para trasladarle su «apoyo» para exigir el cumplimiento de la legalidad en Cataluña tras el «grave error» que, a su juicio, ha tomado el Parlament al desoír al Tribunal Constitucional e iniciar el proceso para romper con España. En una declaración desde Ferraz, el líder de los socialistas ha instado también a Rajoy a «tomar la iniciativa para impulsar una solución política» para Cataluña y España, en la que, ha dicho, también «tendrá el apoyo del PSOE».
Por su parte, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho que espera que el Tribunal Constitucional actúe contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y contra la Mesa de esa institución por haber permitido el debate y la posterior aprobación del informe