Editorial
Decía Rosa Luxemburg que hay una Justicia para los tiburones y otra para las sardinas. Ese terrible panorama es la plasmación cotidiana en España de las peor de las justicias posibles, la que tiene una doble vara de medir, una doble moral, la que es fuerte con los débiles y débil con los fuertes.
La que está para defender los privilegios de una casta depredadora y la que protege a los corruptos, haciendo incluso, como tantas veces la fiscalía, de abogados defensores, de protectores de los delincuentes de cuello blanco. Robar en España pequeñas cantidades siendo de clase baja es delito penado con la cárcel, robar millones de euros siendo militante o cargo de un partido es dotarse de impunidad.
Los sumarios de la corrupción se eternizan –diez años costé enjuiciar a Carlos Fabra, mientras mantenía sus puestos y sus retribuciones públicas-, la primera investigación de la trama Gürtel terminó en carpetazo, quien logró ese desafuero –Federico Trillo– con gestiones que en cualquier nación civilizada sería tráfico de influencias cobró en negro del PP. Mientras por robar una bicicleta se ingresa en prisión, por saquear la Caja de Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández-Moltó recibe la pena justa para no ingresar en prisión. Nadie de todos los saqueadores de las cajas que han costado miles de millones al contribuyente está en la cárcel, todos están en la calle, gozando de sus fortunas, atrincherados detrás de despachos de abogados litigosos y jueces venales.
La Justicia es culpable. Si ella hubiera funcionado, si hubiera cumplido su misión, la corrupción no se hubiera generalizado y la sociedad no se encaminaría al desastre económico al que marcha a pasos agigantados con una deuda del 99% del PIB y sin fondo de reserva para pagar las pensiones, hubiera habido dinero para la ley de dependencia y no hubieran sido necesarios los recortes.
¿Merecerán cuando eso llegue que jueces y fiscales sean señalados como culpables? No podrán escudarse exclusivamente en la obediencia debida, en las fallas del sistema, puesto que ni debían ni podían mirar hacia otra parte ante el delito. El juez Pablo Ruz, un humilde sustituto, sacó adelante el sumario Gürtel. El juez Castro ha dado un ejemplo de servicio a la Justicia. La jueza Alaya ha desentrañado toda una trama de corrupción de la Junta de Andalucía. Si esos tres ejemplos no hubieran sido la excepción sino la norma, el panorama nacional hubiera sido distinto.
Será necesaria una depuración de responsabilidades. Con las debidas garantías, será preciso discernir quienes, mirando al egoísmo de su carrera, han dejado vendidos a los españoles, quienes han colaborado a que en España la honradez se haya convertido en una forma de estupidez. Deberán establecerse legislaciones especiales contra la corrupción y jueces sumarísimos. Y muchos jueces y fiscales deberán ser expulsados de la carrera y pagar en su caso indemnizaciones.
Este es el veredicto popular que caerá inexorable: la Justicia es culpable.