Virginia Montes
Hungría da ejemplo y planta cara definitivamente a las imposiciones de refugiados por parte de Bruselas y a tal fin ha puesto fecha a un referéndum que se enfrenta directamente a la supranacionalidad de los eurócratas.
El primer ministro de Hungría, el conservador Viktor Orbán, ha anunciado que su Gobierno organizará un referéndum sobre el plan europeo de cuotas obligatorias para distribuir a los refugiados entre los países comunitarios. «¿Quiere que la Unión Europea (UE) disponga, sin el consentimiento del Parlamento (de Hungría) sobre el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría?» será la pregunta en esa consulta, en la que el Ejecutivo espera que gane el «no».
«El que vote con un no, votará por la independencia de Hungría», aseguró en rueda de prensa Orbán, que se ha opuesto desde el inicio al sistema de cuotas obligatorias para reubicar a los refugiados.
El primer ministro no especificó cuándo será la consulta a la que serán convocados ocho millones de húngaros con derecho a voto.»La democracia en una de las bases más importantes de la UE. No podemos tomar decisiones sin consultar a la gente», agregó Orbán, que en los últimos meses criticó en numerosas ocasiones las políticas europeas en la actual crisis migratoria.
Bruselas quiere cambiar «la identidad cultural y religiosa de Europa»
«La pregunta más importante es quién compone la nación», aseguró el primer ministro, que señaló que una institución supranacional no puede imponer decisiones tan importantes y volvió a considerar que los refugiados ponen en peligro la identidad europea. Estas cuotas modificarían «la identidad cultural y religiosa de Europa», añadió, recalcando que «ni Bruselas ni ninguna institución europea tiene derecho a eso». Hungría, junto a otros países del Este como Polonia, República Checa y Eslovaquia, se opone al sistema de cuotas fijado el pasado septiembre. Hungría ya presentó el pasado diciembre un recurso contra esta decisión ante el Tribunal Europeo de Justicia.
Según el sistema de cuotas, Hungría, un país de unos diez millones de habitantes, debería acoger a 2.352 refugiados. El Gobierno de Orbán selló el pasado otoño sus fronteras meridionales con vallas para detener los refugiados y ha ofrecido ayuda material y humana a Macedonia para cerrar también sus fronteras con una alambrada. Orbán dijo que «el camino elegido por el Gobierno (húngaro) es parte de la política europea» y animó a otros países a seguir esta solución contra la adopción de cuotas.
Expulsados de inmediato
Hungría expulsa de inmediato a quienes invadan su territorio o entren ilegalmente. Se trata de una nueva norma. Una reforma de la Ley de Extranjería, que entró en vigor a medianoche, faculta a Policía y Ejército a «acompañar» a quienes entren ilegalmente en el país, y sean interceptados en los ocho primeros kilómetros de territorio, al otro lado de las alambradas elevadas por Budapest en sus fronteras con Serbia y Croacia. El martes se aplicó a 600.
Al otro lado de las vallas, aún en suelo húngaro, los refugiados tendrán que solicitar asilo y esperar una respuesta durante días o semanas, en condiciones inhumanas, sin agua, comida ni servicios higiénicos.
Hasta ahora, las autoridades trasladaban a los refugiados que habían entrado ilegalmente en el país bien a campos cerrados o centros abiertos, donde eran atendidos y podían solicitar asilo. Desde este martes, incluso si no se puede comprobar que los refugiados entraron ilegalmente en el país, serán llevados al otro lado de las vallas fronterizas.
El Gobierno conservador húngaro argumenta que se limita a defender las fronteras del espacio Schengen de libre circulación en la Unión Europea y a que los inmigrantes no puedan permanecer de una manera ilegal en el país. El Gobierno asegura que, desde comienzos de 2016, más de 22.000 personas han solicitado asilo en Hungría y que sólo se le ha concedido a 264. Desde otoño de 2015, cuando Hungría selló sus fronteras con Serbia y Croacia, la entrada ilegal en el país es un delito penado con hasta cinco años de prisión.