M. S.
Reproducimos a continuación un extracto del artículo publicado por ataquealpoder.wordpress.com:
En juicio declara un informático de nombre Clinton Eugene Curtis a quien el congresista Tom Feeney le encargo un programa informático que pudiera alterar las elecciones en Ohio, Florida. Cuando Feeney hizo el encargo era portavoz de la Cámara de Florida y también miembro del lobby de las Empresas Yang. El encargo consistió que el recuento de votos quedará alterado con un resultado de 51% a 49% modificando el código fuente que resulta indetectable. Estas elecciones no fueron las primeras que fueron amañadas y se sospechaba de otras donde existió una fuerte discrepancia entre las encuestas y el resultado de la elección. Una pequeña introducción programática en el código fuente puede alterar el recuento de votos. Por lo que se puede deducir, de la declaración del informático que lo hace bajo juramento, es que “la maquina” discrimina (no contabiliza, ahora lo explico mejor) los votos de quien se pretende perjudicar
Las diferencias del censo del 20-D y del 26-J son mínimas, los escaños a repartir son los mismos (350) y las circunscripciones son las mismas, entonces los escaños que unos ganan otros los pierden. Los escaños que gana el PP (+14) los pierden PSOE (-5) y C´s (-8) y otros más por la pérdida de otros. Los votos son otra cosa, en el 20-D se abstuvieron 9.280.639 y en 26-J fueron 10.435.955, la diferencia de 1.155.316 es evidente que no computa en el reparto de los escaños, pero juega la partida. Dicho hasta aquí puedo lanzarme a la piscina, mi reputación (que tampoco me importa mucho) está en juego. Un ministro del Interior como Fernández Díaz, que ya le hemos visto de que pie calza en las cintas que manipula las instituciones a favor de las tesis de su partido, es capaz de manipular las elecciones del 26-J cuando las encuestas dan a Unimos Podemos una situación de privilegio. Es ahí cuando entra en juego, a la desesperada, el “todo por la patria” y en el mes de mayo, in extremis, se coloca a Indra para el recuento de votos y la instrucción de cortar las alas a los “malos” y se depriman chafados por una apisonadora. Me atrevo a dar mi opinión de cómo lo han hecho siguiendo la declaración en juicio del informático Clinton Eugene Curtis.
Lo que nos dice Curtis, para alterar el resultado, es la facilidad de introducir en el código fuente un discriminante a los votos del rival que se quiere perjudicar. Esto se debe de hacer en el ordenador principal, al código fuente se le ordena que un determinado porcentaje de votos del partido que se pretende perjudicar vayan a la abstención. Para dejarlo claro y diáfano: los votos que constan en el acta llegan a manos del representante de la Administración que se pone entonces en contacto con el centro de recogida de datos de los comicios. Le transmite los resultados del recuento de votos por teléfono y le envía una copia del acta de escrutinio por vía telemática. De esta forma llegan al ordenador central los votos de Unidos Podemos que son detectados por el código fuente y una parte (programada) la envía a la asignación de escaños según de la jurisdicción que provengan y otros votos se derivan al cajón de sastre de la abstención. El sistema manipulado tiene que enviar obligatoriamente, estos votos que han sido legalmente emitidos, para que cuadre todo, por un lado el reparto de los 350 escaños que lo que ganan unos los pierden los otros, y por otra parte el total de votantes más la abstención deben de proporcionar los integrantes del censo. Aquí, en el incremento de la abstención están los 1,2 millones de votos desaparecidos de Unidos Podemos.
El gobierno en funciones del PP no realizó ningún concurso público para la adjudicación del contrato del recuento de votos en el 26-J. El contrato se le adjudicó a Indra mediante un “procedimiento negociado”, es decir a dedo. La Junta Electoral no manifestó ningún inconveniente ya que es elegida por el PP. Indra no es la primera vez que genera una polémica de este tipo: año 2010, Indra es sancionada por faltas graves en el voto electrónico en Cataluña. También en 2010, en Argentina fueron descubiertos captando sobornos del ministro de transportes Ricardo Jaime. Año 2012, se le acusa de complicidad con el gobierno angoleño de José Eduardo dos Santos para ganar las elecciones tras una cuestionada licitación. En 2013, de nuevo en Argentina cobraron 33 millones de dólares extra por una cuestionable ampliación en decisión administrativa. En 2014 involucrada en varios escándalos en España. En 2015, Sevilla, fallo informático en el recuento de votos. En 2016 en Ecuador tienen una demanda por perjuicios de 32 millones de dólares. Para acabar de rematar el galardón de Indra: está implicada en la trama Púnica de sobornos al PP. ¿Quienes son los accionistas de Indra? Mira por donde el primer accionistas es el Estado español a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que ostenta el 20,14% de las acciones, La Corporación Financiera Alba ostenta el 11,32%, la sociedad norteamericana Fidelity Management Research ostenta el 10,14% y Telefónica el 3,16% el resto son pequeños accionistas. La historia parece que se repite al menos para la Corporación Financiera Alba de la familia March.