Virginia Montes
Los políticos no han dedicado ni uno solo segundo, en campaña electoral, ni fuera de ella, al hecho de que en 2015 el número de muertes superó al de nacimientos, una situación que no se había producido nunca. Los medios de comunicación lo han dado como un mero dato estadístico, como noticia de relleno y, sin embargo, es el hecho más importante por su gravedad y por sus consecuencias. La demografía es el elemento más determinante de los procesos históricos y, a su lado, todo es accidental y pasajero.
El pasado año los nacimientos se redujeron un 2% mientras que las muertes aumentaban un 6,7%, lo que se traduce en 419.109 alumbramientos (8.486 menos que en 2014) y 422.276 muertes (26.446 más), cifras que arrojan un saldo vegetativo negativo de 2.753.
La situación es aún más grave pues la corrección política veda datos aún más preocupantes dentro de la gravedad general, que debería hacer saltar todas las alarmas. Según Alejandro Macarrón Larumbe, en su fundamental libro “El suicidio demográfico de España”, publicado por Homo Legens, bajo la dirección del Catedrático de Historia, Javier Paredes, desde 2009 ya mueren más españoles nativos de los que nacen.
Es decir, perdemos población y la autóctona está siendo sustituida por inmigrantes. Así, alrededor de uno cada quince bebés nacidos en España en 2009 tienen padres marroquíes; uno de cada seis en la provincia de Almería y a uno de cada siete en la de Gerona.
España está siendo islamizada por la demografía. En Cataluña, Murcia y La Rioja, un 10% o más de los bebés tienen al menos un progenitor musulmán. En Almería y Gerona este porcentaje está en torno del 20% y Tarragona y Lérida, del 15%. En Melilla, son árabes ocho de los diez nombres más puestos a los niños nacidos desde el año 2000.
Pavoroso envejecimiento de la población autóctona
El envejecimiento de la población autóctona es pavoroso, aunque ello indique, en positivo, incremento de la esperanza de vida. La media de edad de los habitantes de una quincena de provincias supera los 44 años, siendo ya de 48 en Orense, Lugo y Zamora. En estas tres provincias mueren más de dos personas por cada una que nace.
Pero hay más datos preocupantes: la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo sigue al alza; la esperanza de vida se ha reducido por primera vez desde 2005; el número de nacimientos es el menor desde 2002; el número de mujeres en edad de ser madres se reduce; el aumento de las muertes es el mayor desde 1971 y la tasa de mortalidad, la más elevada desde 2003. Nacen 9 niños por cada mil habitantes y el número de mujeres entre 15 y 49 años no ha dejado de bajar desde 2009.
En este declive, auténtico suicidio demográfico, hay, sin duda, causas económicas como el elevado paro de la juventud, la falta de expectativas y los bajos salarios. Pero no son las únicas, ni siquiera las más importantes. El hedonismo ha llevado a una destrucción de las bases morales de la sociedad, a deteriorar a las familias y a su misma existencia, con el divorcio convertido en una plaga social, con la extensión de la homosexualidad y, por encima de todo ello, la abjuración de un número destacado de españolas con el objetivo de realizarse profesional y económicamente. En Estados Unidos, muchas mujeres trabajan hasta que tienen hijos y vuelven a hacerlo tras haberlos criado.
Este suicidio demográfico es la consecuencia de un completo desorden moral, de la depravación de las conductas sin referencias éticas, de la inmadurez prolongada con la falta de compromiso, con la falta de sentido de la responsabilidad y con la inhibición del instinto de la conservación de la especie.
Se precisa un rearme moral y una recuperación de los valores tradicionales de la familia, con una nueva valoración de la maternidad por encima del éxito profesional.
Parar el proceso de sustitución de la población autóctona
Pero no es el único problema, y además, obviamente, no tiene una solución inmediata, aunque exige enfrentarse a la presión y los clichés dominantes de fuerzas disgregadoras y degradantes como el feminismo. Otro problema es el de la sustitución de la población autóctona, generando una sociedad en conflicto de cara al futuro, por lo que es preciso una política de inmigración restrictiva, un cierre de las fronteras y una relación de la inmigración con el mercado de trabajo que, con más de cuatro millones de parados, ha de ser mínima y para puestos concretos y especializados. Han de reducirse a mínimos las concesiones de nacionalidad y han de revisarse las que se han concedido, sin requisito alguno ni sentido de pertenencia, en las últimas décadas.