Miguel Sempere
INDRA es la última empresa en el mundo que debía haberse encargado del recuento informático del 26J y, sin embargo, tanto el cuestionado ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aprendiz de espía, como INDRA mostraron un inusitado interés en ponerse de acuerdo: INDRA tiró precio en posible baja temeraria.
INDRA es una empresa pública cuyos directivos los nombra el PP y que ha sido controlada por el PP más corrupto, el de la trama Púnica y también por Ignacio González.
El 18 de mayo de 2015, José Martínez Nicolás entregó una declaración escrita al juez Eloy Velasco. Martínez Nicolás era consejero delegado de la Agencia de Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM). En ese escrito narraba como la empresa INDRA había pagado con dinero negro, de su caja B, 120.000 euros al “experto informático” Alejandro de Pedro, por seguimiento de noticias en la red de cargos del PP y operaciones de clipping para bajar en los buscadores noticias negativas, especialmente dos: el ático de Ignacio González y la ayuda escolar al hijo de la consejera Lucía Figar.
Estamos, pues, hablando del núcleo duro de la corrupción. Las gestiones se realizaron en una ambientación mafiosa y las llevó a cabo el entonces consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria. Delante de Martínez Nicolás, llamó al consejero delegado de INDRA, Javier de Andrés para que hiciera frente a pagos de operaciones de fontanería y propaganda del PP. Se trataba de tres pagos por un total de 120.000 euros.
Tres meses después se reitera la llamada para hacer frente a los pagos, en negro, puesto que no se trata de nada relacionado propiamente con INDRA sino directamente con el PP. Salvador Victoria usa la frase “nos ayudamos o no nos ayudamos”.
Al margen de la fraternidad mafiosa de partido –Javier de Andrés es amigo íntimo del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González– hay una simbiosis de negocio entre la Comunidad de Madrid –y seis ayuntamientos- que representa adjudicaciones anuales de 15 millones. El sumario de Púnica tiene una ramificación, un procedimiento relativo a las relaciones ICM-INDRA sobre la existencia de facturas falsas y sobrevaloración de contratas.
Salvador Victoria trata a Martínez Nicolás como un pupilo en eso de la corrupción: “¡Ves cómo se hacen las cosas!”.
El pago lo efectúa Santiago Roura, director general de INDRA, a Alejandro de Pedro, el conseguidor de Púnica, en un coche aparcado en un parque de la Urbanización La Moraleja. La entrega fue grabada.
Tanto Javier de Andrés como Santiago Roura están imputados. ¿Cuáles han sido las consecuencias para ellos? Santiago Roura fue despedido a finales del pasado año…con una indemnización de más de 4 millones de euros.
¿Una empresa tan implicada con la corrupción del PP era la idónea para encargarse de velar por la limpieza del tramo final y decisivo de las elecciones del 26J? Quizás sí, pero para otra cosa, no para la limpieza.
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