Luis Bru
Por supuesto, es imposible perpetrar un pucherazo en las mesas electorales, donde hay apoderados e interventores de todos partidos y el recuento es público y se elabora un acta. Pueden cambiarse actas en el traslado. El pucherazo lógico es el informático. Esa función la ha llevado a cabo, por encargo directo del Gobierno, INDRA, una empresa controlada por el PP e implicada en Púnica. Se ha puesto al zorro a cuidar de las gallinas.
Misteriosamene, INDRA ha sido contratada sin concurso público. El Gobierno del PP la ha digitalizado, la ha designado a dedo. En las elecciones del 20 D, sí hubo un concurso y lo ganó la empresa SCYTL. ¿Por qué no ha habido en esta ocasión concurso público? INDRA ha demostrado un interés inusitado en ser la encargada del tratamiento informático de los datos: ha contratado un 40% más barato de lo que la Administración pagó a SCYTL por su trabajo el 20 D. Parece como si se hubiera tratado de cubrir las apariencias, de cerrar el flanco económico.
Jorge Fernández interesado en INDRA
INDRA es una empresa que factura al año 3.000 millones de euros y para la que un contrato de unos millones de euros no parece tan significativo en el balance, aunque su situación no es muy saneada. En el año 2015, procedió a un ERE en Brasil de 1.500 trabajadores y otro en España, de 1.750, a los que pagó 40 días por tope de 24 mensualidades. ¿Por qué el Gobierno, concretamente el Ministerio del Interior, más concretamente Jorge Fernández recurre sólo a INDRA? ¿Por qué INDRA tira precios cuando es la única empresa solicitada?
INDRA es una empresa estatal, con accionistas minoritarios privados, tutelada por el Ministerio de Defensa. Los accionistas privados son Corporación Financiera Alba (12%) y Telefónica (6%). Es una empresa controlada por el PP, que nombra a sus directivos, y que está implicada de lleno en el caso Púnica.
Pagando mordidas al recaudador de Púnica
A finales del pasado año, INDRA despidió a tres directivos con indemnizaciones de escándalo: 12 millones de euros, 4 a cada uno. Se trataba de Emilio Díaz, Emma Fernández y Santiago Roura. Éste último está imputado en el caso Púnica: Santiago Roura pagaba fuertes mordidas a Alejandro de Pedro, el recaudador de la trama. Obviamente, Roura no las pagaba a título personal, sino por la empresa.
El presidente de INDRA es Fernando Abril-Martorell, hijo del político de la UCD. Un hombre nombrado por el PP bien situado en la trama económica de la casta, de hecho compatibiliza el cargo de presidente de Indra con puestos relevantes en Telefónica y en el Comité Editorial del diario El País, donde coincide con Felipe González.
Aunque por sí mismas no determinan nada, se han dado tres circunstancias singulares: Nunca se había dado una variación de participación semejante; nunca las encuestas habían fallado por tanta diferencia (y solo restando y sumando porcentajes equivalentes con dos partidos), e INDRA recupera de forma poco ortodoxa la concesión del recuento.
¿Es posible falsear los datos? ¿Es posible un fraude electoral?
Por supuesto que sí, pero otra cosa es que no sea posible detectarlo.
Cómo se manejan los datos finales del recuento en la empresa concesionaria depende de muy pocas personas, por tanto desde ese punto de vista es más que posible alterar el resultado. Pero los resultados de las mesas electorales son públicos y deben ser accesibles en todos los colegios electorales tras la votación, por lo que en teoría debería ser muy sencillo cotejarlos con los que ha ofrecido el Ministerio de Interior. El problema es que hablamos de muchas decenas de miles de mesas electorales, y para detectar un fraude ‘moderado’ (incluso de un millón de votos) habría que contabilizar la totalidad de las actas.
Este es el trabajo que se supone debería realizarse en el recuento oficial definitivo (en este caso a partir del próximo jueves), pues así lo dicta la LOREG:
104.1 “Cada Junta se reúne, con los representantes y apoderados de las candidaturas que se presenten, en la sede del local donde ejerce sus funciones el Secretario.”
105.2 “A continuación, el personal al servicio de la Junta proceden bajo la supervisión de ésta, a la apertura sucesiva de los sobres referidos en el artículo 100, párrafo segundo, de esta Ley.”
El caso es que por norma no se cumple la Ley, y no se abren los sobres ni se realiza el recuento manual, dándose por válidos los datos telemáticos ofrecidos por el Ministerio de Interior, incluso cuando median quejas por parte de algún partido político ‘menor’.
¿Van los partidos que pudieran haber sido perjudicados a exigir que se cumpla la Ley?
Aunque es un asunto delicado y poco gratificante que además suele tener mala prensa, los partidos que no han visto reflejados los resultados de las encuestas en el recuento oficial deberían forzar el recuento general, más allá de los recuentos de aproximación internos que hagan con la documentación que hayan obtenido de sus delegados y colaboradores.
No en vano el primer responsable del escrutinio provisional, exista o no un fraude electoral, es el mismo que hace una semana escuchábamos conspirar contra rivales políticos en las grabaciones que ponía a disposición de todo el mundo el diario Público. Si esto no es motivo suficiente para sospechar habrá que buscar un nuevo significado de fe. Así que sería propio de ingenuos no exigirlo por no molestar.