Enrique de Diego
A veces se afirma que el PP es una mafia. Hoy RL va a demostrar, con pruebas, que esa afirmación es completamente cierta, mediante una intensa investigación de años, siguiendo la estela de la documentada denuncia de Miguel Picher, presidente del Foro Demócrata.
La investigación se ha desarrollado en numerosas localidades de la Comunidad Valenciana, sobre todo en las provincias de Alicante y Valencia. El hilo del que hemos ido tirando surgió en Elche, por la exagerada avaricia de la presidenta del PP en esa localidad, Mercedes Alonso, y por la sagacidad y la constancia de Miguel Picher.
El PP no existe, no tiene personalidad jurídica
Resumiendo de principio: el PP en todas y cada una de las ciudades de la Comunidad Valenciana no existe, no tiene personalidad jurídica, no tiene contabilidad ni finanzas. No se le debería permitir concurrir a las elecciones. Funciona y se financia en B, utilizando asociaciones tapadera. Un proceso de ingeniería financiera sencillo pero totalmente opaco, la corrupción perfecta, que convierte al PP en una franquicia, de la que se lucran dos o tres personas en cada localidad.
La cantidad de dinero defraudado, que se ha movido fuera del circuito legal, es incalculable desorbitado, porque todas y cada de las campañas desde el comienzo de la democracia y desde la refundación de AP en el PP, con José María Aznar de presidente del partido y con Mariano Rajoy, se han hecho en negro. ¡Sólo tienen caja B!
Ni las sedes ni los teléfonos están a nombre del PP
Eso significa, por ejemplo, que las sedes no están a nombre del PP, que no es el PP el que paga los alquileres, que los teléfonos no están a nombre del PP y no los paga el partido; que ninguno de los posibles trabajadores está contratado por el PP; que los tesoreros figuran pero por sus manos no pasa un solo euro; que el PP habla de transparencia pero en ninguna localidad se presentan cuentas y, por ende, no se aprueban.
Es fácil de entender que de esa manera todo lo que se recauda de comisiones entre empresarios no pasa por ninguna cuenta del PP, porque el PP no tiene ninguna cuenta. Y de esa manera, sin fiscalización alguna del Tribunal de Cuentas, el dinero se lo pueden llevar a casa, sin ningún problema, los dos o tres que controlan la asociación de turno en cada localidad.
Asociaciones tapadera que nadie controla
La mafia PP ha generado, en Alicante y Valencia, una red de asociaciones de las denominadas “sin ánimo de lucro”, que dependen de la Generalitat valenciana. Puesto que el PP consideró que la Comunidad Valenciana iba a ser su feudo eterno, ello implicaba que no iba a haber nunca ningún control. Pero significa también que en esta trama de corrupción están implicados todos los cargos de las direcciones provinciales de Alicante y Valencia y de la regional por lo que, mientras gobernó el PP, estaban amparadas. No consta que el tripartito haya hecho nada, tomado ninguna medida para acabar con este escándalo, a pesar de que los hechos también los hemos denunciado ante la Generalitat. Nos dijeron que lo iba a investigar la Dirección General de Administraciones Públicas, que es de quien dependen las asociaciones, pero luego no nos han informado de nada.
Un partido submarino de lo sumergido que está
En Elche se usan recibís sin ningún CIF para justificar el pago de las cuotas. Estamos ante un partido sumergido, totalmente sumergido, que practica la economía sumergida a gran escala, por completo. Un auténtico submarino. Y es el partido del Gobierno, obligado a cumplir y hacer cumplir la Ley, y cuya vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría hace frecuentes declaraciones contra la economía sumergida, y lo mismo sucede con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. ¡Qué empiecen por barrer la casa!
Por supuesto, con las asociaciones tapadera se evitar cualquier fiscalización de los propios militantes. Nunca se hacen públicas las cuentas, aunque se habla de transparencia, todo es opaco. Eso significa que el PP en cada localidad de la Comunidad Valenciana es sólo una marca que funciona como una franquicia, que controlan dos, o a lo sumo tres personas. Para ese pequeño núcleo, se trata de un negocio magnífico, espléndido. Pueden recibirse comisiones sin que haya que dar cuentas a nadie, fuera del circuito legal. Pueden literalmente llevarse el dinero a casa y dedicar una parte a mantener el negocio. Pueden hacer lo que les dé la gana. Nadie les controla ni dan cuentas a nadie. Parece imposible, pero es la estricta verdad.
No puede haber elecciones internas, no puede haber democracia
Una consecuencia es que no puede haber elecciones internas, no puede haber ni una mínima democracia interna, porque al no existir el PP como tal no puede haber cambio alguno en las ejecutivas. Si las sedes no son del PP, no puede haber una nueva directiva, porque no se le pueden ni entregar las llaves de esas sedes, ni las cuentas de la asociación y en la asociación no hay elecciones, son totalmente opacas.
Es sencillo de entender y difícil de imaginar: todo el dinero que se mueve en las agrupaciones locales del PP de la Comunidad Valenciana es en B. No hay Caja A. No es como Bárcenas que manejaba una Caja A y otra B. Todo es B.
Una trama organizada desde arriba
Se trata de una trama organizada desde arriba. Cuando Mercedes Alonso fue nombrada presidenta de la Gestora de Elche, llamó a Adelaida Pedrosa, entonces Secretaria General del PP de la Comunidad Valenciana, para preguntarle cómo debía organizar las finanzas y Adelaida Pedrosa le respondió que eso se hacía creando una Asociación. Y es lo que hizo. Adelaida Pedrosa, exsenadora, la Rita Barberá alicantina, es quien controla la Asociación Popular de Elda.
El sistema de asociaciones tapadera ya empezó con Eduardo Zaplana. La Asociación Popular de Gandía se dio de alta el 22 de mayo de 2002 y Eduardo Zaplana dejó la Generalitat valenciana el 24 de julio de 2002. No es cuestión de sectores. Es todo el partido en sí.
Esta pura mafia es, obviamente, conocida por todos y cada uno de los dirigentes, por los presidentes provinciales, las ejecutivas, y por los cargos regionales, que participan de ella. Por ejemplo, los presidentes provinciales son los encargados de que no haya cambios en las ejecutivas.
Fue la propia Generalitat valenciana la que amparó esta estructura opaca. Actualmente, la farsa sigue. Miguel Picher ha denunciado ante la Generalitat del tripartito, eso de “a la valenciana”, y no han hecho nada. Dijeron que lo estudiarían, pero no han hecho nada.
Y todo el Partido Popular participa en el esquema, es el partido en sí: un negocio en negro para unas pocas personas en cada localidad que luego hacen las listas
En Valencia capital, al menos, han tenido que blanquear el dinero, pero fuera del cap i casal, en las localidades no necesitan blanquear nada: todo es en B.
La investigación judicial es bien sencilla: basta con pedir en cada localidad las cuentas del PP y las cuentas de la asociación. Así se verá con rapidez que el PP no existe; que no hay facturas a nombre del PP, con el CIF del PP, como es preceptivo.
No se va a hacer, ni tendría sentido por su complicación, pero lo justo sería invalidar todas las elecciones celebradas en la Comunidad Valenciana, locales, autonómicas, nacionales y europeas, porque el PP ha hecho trampa, ha jugado sucio.
Si el PP actúa así en la Comunidad Valenciana, si una estructura jerarquizada ha permitido a lo largo de los años, como funcionamiento permanente, este esquema opaco, es legítimo sospechar que tal situación se da en otras partes de España o en todo el territorio nacional.
La jueza tortuga
El hilo del que salió el ovillo empezó en Elche cuando, en las elecciones a la presidencia local, Mercedes Alonso exigió estar al corriente de cuotas en los tres últimos años: 120 euros que pagaron más de 1.000 militantes votantes; más de 120.000 euros que se recogieron en pleno centro de Elche, entregando un recibí sin CIF. Miguel Picher lo denunció.
Esta Justicia que se ensaña con los débiles, ha intentado parar a cualquier precio el escándalo pero no lo ha conseguido. Según fuentes judiciales, la juez Gemma Miriam Somavilla Gurtubay ha tenido muy en cuenta las consecuencias para su carrera, porque si no no se explica su lentitud: cuatro años. En los ambientes judiciales empieza a conocérsela como la “jueza tortuga”. Pero esa es otra historia para contar dentro de poco.
Asociaciones tapadera detectadas
Asociación Popular de Elche
Asociación Popular de Elda
Asociación Populares de Benidorm
Asociación Simpatizants del Partido Popular de Agost
Asociación Populares de Xàbia
Asociación Populares de El Verger
Asociación Popular de Denia
Asociación de Amigos de la Música de El Campello
Asociación Popular de Gandía
Asociación Popular de Ontinyent
Asociación Popular del Grupo Popular de Algemesi
Asociación Simpatizantes del Partido Popular de Alberic
Asociación Grupo Partido Popular de Macastre