Luis Bru
Entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se iniciaron en España 598.747 procesos de desahucio o ejecución hipotecaria; cifra en la que se incluyen viviendas y locales comerciales. Entre 2012 y junio de 2014, fueron 97.577 los desahucios de viviendas. Bastante más de 100.000 familias españolas perdieron su casa.
Esas familias no fueron realojadas en albergues, ni el Gobierno les buscó ninguna alternativa, a pesar de que eran contribuyentes que habían contribuido a sostener a la nación y a pagar los sueldos de los políticos.
Sin embargo, el Gobierno sí tiene la deferencia de, con cargo a los contribuyentes españoles, dar albergue a excedentes de población musulmana que la corrección política llama ‘refugiados’. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha anunciado que, antes de junio, se van a acoger y a pagar la estancia a tres nuevos contingentes: 285 desde Líbano, 101 desde Turquía y 200 desde Italia. España, mientras siguen los desahucios, acogerá este año a gastos pagos a 1.449 falsos ‘refugiados’. Jorge Fernández Díaz también ha desvelado que, por otros cauces, cada año en España se tramitan 21.000 peticiones de asilo.
España ha recibido, en los últimos diez años, cinco millones de inmigrantes: una cifra desproporcionada en una nación con el 20% de paro.
Según Jorge Fernández Díaz, “España ha tenido que rechazar a algún refugiado por seguridad” y ha añadido que “cumplimos nuestros compromisos. En este asunto sobran la demagogia, el buenismo y el populismo”. Y ¿por qué el Gobierno no da albergue a los desahuciados españoles antes de acoger musulmanes conflictivos? Y ¿si el que sobra es el ministro del Interior?