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Unidad de España

Redacción




Enrique de Diego

Tras la consiguiente farsa, con bastante suspense, la Generalitat catalana tiene presidente, con eso de la hoja de ruta hacia la independencia. Enfrente, un auténtico circo nacional de partidos incapaces de formar Gobierno, con un presidente en funciones que, de una manera frívola, se ha dedicado a financiar a una Generalitat levantisca e insurrecta.

Se trata de un proceso político de final incierto y no es cuestión de hacer balance más que de manera suscinta. La Constitución de 1978 incluye dos claros caballos de Troya que han ido haciendo su labor de zapa: el artículo 2 con el término nacionalidades y el 150.2 que abre la posibilidad de transferirlo todo. El mismo Estado autonómico fue y es una onda expansiva, una fuerza centrífuga, un big bang. Todo han sido cesiones durante cuatro décadas, en las que ninguno de los que han estado al frente de España ha estado a la altura de las circunstancias.

No ha tenido ningún sentido que Mariano Rajoy, que ha abusado de la retórica vacua, haya seguido financiando, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, a una Generalitat cuyas intenciones separatistas han sido proclamadas con total claridad. Cuando alguien se sitúa en la posición de enemigo, lo primero siempre es cortarle la financiación. Si se trataba de asegurar los servicios a los ciudadanos catalanes, bien se podría haber hecho derivando la gestión, y el pago a los funcionarios, a la Delegación del Gobierno.

La mayor cesión, con todo, ha sido la tolerancia permanente hacia el separatismo, que es un delito tipificado en el Código Penal. Pero se ha permitido que la Ley se conculcara de manera continua en un reto creciente, rompiendo cada vez más líneas, recurriendo a una estrategia que se decía de proporcionalidad cuando debería calificarse de tibieza. Cuando se tolera el delito éste tiende a agravarse en los que se perciben los deleites de la impunidad.

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El artículo 155, el que nunca se aplica

Ante una situación de deslealtad, la Constitución contempla la intervención de la Generalitat mediante el artículo 155. De tiempo en tiempo, se cita, pero nunca se aplica, aunque ya se han dado motivos más que suficientes. Da la impresión de que unos y otros utilizan el conflicto para gestionarlo. Porque cuando se pretende afrontar una situación de ruptura hay que actuar con decisión para evitar que el incendio se propague. España arde por los cuatro costados, pero con mayor intensidad por el de Cataluña.

No sólo está en la Constitución el artículo 155, también está el artículo 8, que concreta que es misión de las Fuerzas Armadas la defensa de la «integridad territorial” de España. No es una cuestión menor y hace referencia a una cuestión objetiva, fuera de ese terreno pantanoso y delicuescente de los sentimientos, como es el territorio. Eso no es discutible, es la gran línea roja.

Es decir, el proceso de ruptura –no existe eso del “derecho a decidir”– es un reto a todo el edificio institucional, desde la monarquía abajo, a todo el mundo. Es un escenario casi inimaginable, que dejaría a todo el mundo fuera de juego, sin legitimidad de ejercicio. Sería un salto en el vacío hacia la nada; un retroceso brutal en la historia. España, hoy más que nunca, ha de ser una pasión patriótica.