Enrique de Diego
La adoración al Estado es el consenso nacional. Los españoles consideran que el Estado debe solucionar los problemas humanos y puede y debe ayudar a cada una de las personas en dificultades.
La cuestión es que no puede, pero esa imposibilidad no se perdona, se considera una completa falta de humanitarismo. La razón de fondo es que los españoles son formados desde la guardería por todo los grados del sistema educativo en esa adoración al Estado y en falacias como su omnipotencia paternal y benéfica. Son adoctrinados, de manera constante, por funcionarios para ser funcionarios, con el drama terminal de que no hay puestos suficientes para satisfacer la demanda generalizada, pues desde hace mucho tiempo los jóvenes españoles sueñan y se esfuerzan –los que lo hacen- para ser funcionarios (ahora se ven obligados a emigrar para subsistir). Esos puestos limitados son desde hace algun tiempo ocupados por hijos y nietos de la casta, por correligionarios y amigos, en una francachela corrupta de nepotismo.
El Estado no es un ente abstracto, sino el conjunto de funcionarios y políticos. En España han alcanzado unos niveles insostenibles; hay una sobrepoblación de ambos. Tenemos el doble de funcionarios que Alemania que tiene el doble de población. Y, en proporción, muchos más políticos que nadie pues se superponen varios niveles político-administrativos: local, provincial (diputaciones), regiones (autonomías) y estatal, y la guinda de la burocracia de Bruselas, que, por cierto, no paga impuestos. Esos funcionarios y políticos no son seres románticos, sino que buscan su interes personal y en cuanto pueden colocan a sus familiares, sin relación alguna con el mérito.
Los españoles se han convencido de que el dinero cae de los arboles. Y la izquierda es incapaz de corregir sus contumaces errores; es el biotipo que denomine el buen salvaje socialdemócrata que tiene una estrecha alianza con la amplia base de los ignorantes ilustrados que tienen opiniones políticamente correctas sobre cualquier cosa.
Porque, la verdad, esa verdad que se ha hecho hiriente y que tiende a ser silenciada con formas nuevas pero muy tenaces de ostracismo, es que las autonomías no son sostenibles, no dependen de quien las gobierne, sino que nunca se podrán gobernar bien, porque el territorio español y su población no dan para mantener 17 gobiernos más el nacional, 17 parlamentos más los dos nacionales, 17 defensores del pueblo más el estatal y así sucesivamente en esa maraña de instituciones donde los políticos se colocan, como los consejos consultivos donde recalan los jubilados con sueldos abultados.
Como toda secta, la de los adoradores del Estado nunca pone en duda sus dogmas a pesar de sus fracasos constantes, sino que siempre busca culpables que han boicoteado sus instintos morales: la economía sumergida, por ejemplo. Y siempre, tales sectarios, concluyen que no han intervenido lo suficiente, que no han sido suficientemente fieles al dogma.
De hecho, en España se ha llegado a la situación en la que el trabajo es desincentivado o a situaciones tan absurdas como que un autónomo no tiene, por lo general, derecho a subsidio de desempleo, mientras que cualquier delincuente condenado a más de seis meses, tras cumplir condena, recibe un subsidio de 620 euros durante 18 meses; con lo que es incluso más rentable delinquir que trabajar. Y se ha hecho tanta propaganda oficial sobre los “emprendedores”, que resulta obvio que esa propaganda resulta contraproducente, pues lo que dificulta la aparición de emprendedores son las trabas burocráticas y la elevada presión fiscal, de la que sale el pago de esas campaña